Movimientos Sociales en el Sur del Perú

La tesis del chorreo, goteo, derrame  o como quieran llamarla está desacreditada porque es falso aquello de que la pobreza cae automáticamente cuando la economía crece. La pobreza solo retrocede con una actividad política social cuyo componente esencial es una buena inversión en salud, educación e infraestructura, Esta es la vía para la inclusión paulatina de esos millones de peruanos que viven una realidad ajena a la pregonada bonanza económica. Ni hablar de nuestros compatriotas que no tienen nada y quienes sin intervención del Estado estarán condenando a las siguientes generaciones. Producto de este abandono y de la constante indiferencia de los gobiernos de turno para tratar de solucionar problemas coyunturales en cada localidad es que los movimientos sociales toman medidas radicales para hacer valer sus derechos, para hacer valer su identidad, para hacer valer su autonomía. Quieren ser escuchados y lamentablemente sólo reciben la indiferencia de las instituciones de Gobierno que hacen oídos sordos ante los desgarradores reclamos de nuestra población. El presente trabajo denominado “MOVIMIENTOS SOCIALES CON ASPIRACIONES DEMOCRATICAS”, es reflejo de una sociedad que busca reivindicarse ante políticas gubernamentales  antidemocráticas.

OIDOS SORDOS A JUSTOS RECLAMOS

Esta semana ha sido Quillabamba por el gas y sus implicancias para el desarrollo local. Antes fue Tía María por el agua, mucho antes Arequipa en contra de la privatización de las generadoras Eagasa y Egesur, hace poco las comunidades de Parinari, Urarinas y Nauta reclamaron compensaciones por el derrame de petróleo en el Marañón. Dicen que se viene Iñambari por un tema de tierras y reasentamiento poblacional. Son conocidas las crecientes disputas sociales en torno a linderos, contaminación y desarrollo local que involucran a la población con las industrias extractivas. Allí están también los reclamos sociales por incumplimiento de promesas, rendición de cuentas y casos de corrupción como sucedió en la provincia de Ilave,  región Puno, con resultados trágicos. Gracias a los medios de comunicación contamos con un registro que nos permite conocer esta realidad compleja, controvertida y muchas veces de difícil solución porque refleja también reclamos históricos olvidados que, al adquirir dimensión mediática, trascienden la agenda política.

El conflicto social está redefiniendo roles y funciones en nuestra sociedad, con prácticas y actitudes muy necesarias para nuestro desarrollo, como son el diálogo, la generación de acuerdos y la búsqueda de consensos, pero con otras absolutamente contraproducentes, como los movimientos sociales que conllevan la toma de carreteras, la destrucción de propiedad privada, atentar contra la integridad de las personas y el uso de la violencia. Nada justifica la violencia y debemos conquistar otras formas de interactuar. De la misma manera debemos cuidarnos de creer que firmando actas, levantando la huelga y logrando el desbloqueo hemos arribado a una solución. Un acta sólo pone paños fríos a la euforia del momento. Si no actuamos consecuentemente para satisfacer los compromisos asumidos y las expectativas generadas, el conflicto se enardecerá generando un caldo de cultivo para la violencia de las masassociales.

Quillabamba mantiene su huelga indefinida reclamando que el gas de su subsuelo sirva para el consumo interno de la región y no para la exportación. Otras provincias de Cusco y del sur se pliegan a esa protesta mientras el gobierno insiste en no negociar mientras el pueblo proteste. Otra vez estamos en el país al borde de una confrontación. Si el gobierno tuviera una mínima voluntad de oír y conversar el peligro de otro Baguazo podría evitarse, pero hasta ahora le parece más importante la “seguridad jurídica” que los contratos firmados por los gobiernos con las empresas multinacionales impondrían. No es tomado en serio el anuncio del presidente García en su discurso del 28 de julio para renegociar las regalías de las empresas porque su capacidad para no respetar sus promesas está debidamente probada.  En la historia de la protesta de Quillabamba se encuentra un momento más de la peruanísima tradición de los gobiernos peruanos para regalar los recursos a las empresas multinacionales. La Shell exploró la región y encontró lo que ahora se llama “el gas de Camisea” pero se fue y dejó tendida la mesa. Ese era el momento para que Petro Perú, siguiendo el ejemplo brasileño, se encargase de explotar ese gas, abastecer el mercado interno, convertir el gas en electricidad y venderlo con un importante valor agregado. ¿Qué hizo el gobierno peruano de entonces? Ofrecer el gas a empresas multinacionales, regalárselo en los hechos, y consolarse con unas regalías. ¿Qué recibieron los altos funcionarios del gobierno por el regalo de Camisea?, ¿Sólo las gracias por el pequeño favor o una coima suficientemente grande como para convertirlos en millonarios? Conviene no olvidar que la corrupción es un principio de funcionamiento del sistema capitalista. Si el guano, el salitre, el petróleo, los minerales, el algodón y la caña de azúcar hubiesen sido explotados por el Estado y/o por empresas peruanas, las ganancias se habrían quedado en Perú y nuestro país sería parte del primer mundo capitalista desde mediados del siglo XX. Hoy, el señor García y sus amigos de las grandes empresas mineras quieren hacernos creer que con las regalías de las empresas multinacionales (Algo más del 20% de la riqueza que sale del país) ya estaríamos cerca del primer mundo. No hay país alguno del primer mundo que tenga precios de Miami y sueldos de África como Perú. No son suficientes los miles de obras públicas y de kilómetros de carreteras asfaltadas. ¿En cuántos años cree el Sr. García que los salarios peruanos serán multiplicados por ocho para alcanzar los estándares del primer mundo?  Entre tanto, el gobierno y sus técnicos siguen con el cuento del respeto de los contratos. Aquí y en cualquier parte del mundo se puede cuestionar y cambiar los contratos. Evo Morales dio el ejemplo: Bolivia recibe ahora el 82% y las empresas el 18% que antes correspondía al Estado. La inversión de las proporciones no produjo el terremoto que se esperaba. Aún hay tiempo de renegociar en serio los contratos.

La población no sólo reclama que el gobierno de turno ampare sus peticiones y que actúe con transparencia, también quiere que hagan lo propio sus autoridades locales, se cansaron de la corrupción y del ejercicio abusivo del poder, aunaron sus reclamos e hicieron un solo puño para decir basta con la ineficacia de nuestras autoridades, basta con el atropello, basta de corrupción, basta con todo aquello que estanca a la sociedad y la inmoviliza como un pútrido pantano, algunas veces los reclamos si no son atendidos a tiempo acaban fatalmente, como el caso del pueblo aymara de Ilave, quienes solicitaban al Poder Judicial acelerar las denuncias de corrupción en torno a su ex alcalde Cirilo Robles y además exigían la presencia de representantes de la Contraloría General de la República, terminando todo esto en el fatal asesinado del mencionado ex alcalde. Este movimiento no es contra una persona, este movimiento es una lucha contra la corrupción que está instalada en la administración del Estado peruano, las huelgas, los paros y el bloqueo de carreteras han sido las formas de lucha que emplearon los movimientos sociales, como en el caso mencionado, “Ilave” contra las autoridades corruptas. El levantamiento popular ocurrido en Arequipa en junio del año 2002, fue acaso el primer gran síntoma de la temprana crisis del régi­men democrático en el Perú, restaurado apenas un par de años antes luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Las protestas ma­sivas y generalizadas en todos los sectores de la población en contra de la privatización de las empresas eléctricas EGASA y EGESUR, que paralizaron completamente la ciudad de Arequipa y al cabo de unos días se extendieron a todo el sur del país, pusieron en jaque al gobierno y mostraron, entre muchas otras cosas, la enorme preca­riedad institucional del sistema democrático para procesar y resolver las demandas y los conflictos sociales.

CONCLUSIÓN

El tema  relacionado entre el sistema político y los movimientos sociales, no podrían tener mayor vigencia que la de hoy tienen, en mo­mentos en que el conflicto redistributivo se ha intensificado y multi­plicado a nivel nacional. El crecimiento económico, tan celebrado en las esferas oficiales, ha acarreado consigo demandas sociales por una mayor y mejor distribución de la riqueza que se está generando en el país. Estas presiones redistributivas encuentran severas resis­tencias en el modelo económico que heredamos del fujimorismo, dado que se trata de un modelo que privilegia la acumulación sobre la redistribución y que bloquea con ello la sola po­sibilidad de un gobierno eficaz. Esta persistencia del neoliberalismo como inspiración de las políticas públicas se empata con una ofensiva ideológica de los sectores dominantes que ha lo­grado desarrollar en vastos sectores de la población y la academia, particularmente en la capital, un imaginario conservador y hasta re­accionario, que es en el terreno simbólico el soporte de un modelo económico en creciente cuestionamiento y abandono en el resto de la región y del continente.

La desigualdad es feroz enemiga del crecimiento sostenido, podemos seguir con un ritmo como el actual, económicamente hablando, pero si no hay una transformación en las políticas sociales, el auge del momento puede aumentar la frustración de esa otra mitad que está marginada de los beneficios. Los más pobres a menudo están desconectados de las fuerzas del mercado porque carecen del capital humano necesario: buena nutrición, buena salud y formación adecuada, ¿qué hacer entonces? El primer vehículo efectivo es la educación en las aulas.

BIBLIOGRAFÍA

-          Revista Somos, Año XXI, Nº 1106, Grupo Comercio, Lima Perú

-           Movimientos sociales y democracia en el Perú de hoy, edición de Erick Tejada Sánchez, Primera edición: Arequipa, abril de 2009